Durante esta jornada de lunes, los 24 comisionados integrantes de la Comisión Experta se vieron expuestos a uno de los debates que genera profundas diferencias entre la oposición y el oficialismo: el que dice relación con el objetivo y alcance del Tribunal Constitucional que, de aprobarse esta propuesta de anteproyecto, pasará a llamarse Corte Constitucional (Capítulo VIII de la nueva propuesta constitucional) y terminará con varios de los elementos que generan resquemores en la centroizquierda.

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Por lo pronto, con más o menos entusiasmo, el Pleno de la Comisión Experta respaldó disminuir de 10 a nueve los integrantes de la Corte Constitucional, con lo que se termina uno de los tópicos que provocaba bastante inquietud. Al rebajar de 10 a nueve el número de integrantes, desaparece automáticamente el polémico “voto dirimente” que en la actual conformación del Tribunal Constitucional está en manos del presidente de la instancia. Además, se modifican tanto las atribuciones como la forma de nominar a los ministros que integrarán el organismo.

“Quien presida la Corte Constitucional no tendrá voto dirimente y ejercerá las atribuciones que señale la ley institucional respectiva”, establece explícitamente la norma.

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Más relevante aún, la propuesta de anteproyecto en que sigue avanzando la Comisión Experta, elimina el control preventivo obligatorio. Este es uno de los aspectos que más molestaba a la centroizquierda e incluso a uno que otro representante de la centroderecha y la que, fundamentalmente, llevó a que desde el mundo político se calificara al Tribunal Constitucional de manera peyorativa como “tercera cámara”.

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Ello debido a que –según argumentaban algunos opositores a esta facultad– a través de su atribución de control preventivo, ejercía una función política, pasando por sobre el Poder Legislativo, modificando el proyecto, a veces de forma sustancial.